La inmunidad parlamentaria es una prerrogativa que data desde la Antigua Roma llamada sacro sanctitas que impedía a los tribunos ser procesados o detenidos, porque podían afectar los derechos del pueblo con sus decisiones u opiniones, luego Inglaterra recoge dicha figura y la Constitución de EE.UU en 1787, considerándola como una especie de axioma representativo, en Perú fue instituida desde 1812.

Pero justamente en medio de una crisis de representación ¿La inmunidad parlamentaria es un valor que garantiza la misma? No, entonces al tratarse de un derecho político que en su más pura esencia busca hacer efectiva la participación del ciudadano dentro del Estado y ahora en lugar de garantizar ello se ve desnaturalizada con el uso abusivo de quienes llegan al parlamento para enriquecerse o satisfacer intereses personales ¿No sería coherente permitir que los congresistas puedan renunciar a dicho atributo para devolverle el poder al pueblo y juzgue a quien deba ser juzgado? Por supuesto que sí.

La inmunidad parlamentaria es un atributo, y en sí misma significa un derecho y una obligación, pero si realmente no es un derecho sino más bien un privilegio y no implica una obligación sino una especia de manto sagrado, entonces nos encontramos frente a una estampa conservadora otorgada en un inicio por los romanos para impedir ser procesados por sus decisiones u opiniones.

Si queremos una reingeniería del Estado, debemos devolverle el poder al pueblo y apoyar la eliminación de la inmunidad parlamentaria desde nuestros hogares, organizaciones y partidos políticos, y de ser necesario que el país hable en las urnas, sólo un referéndum nos dirá si queremos seguir protegiendo a quienes dañan el país. Necesitamos celeridad, confianza y transparencia para volver a crecer, acabar con la pobreza y el desempleo; ya nada nos falta, sólo retomar el gran destino que el Perú se merece.